Gastar bien y gastar rápido. El fondo europeo de recuperación pone a las administraciones españolas ante la tesitura de tener que gestionar una ingente cantidad de dinero en un plazo de tiempo relativamente breve: desde mediados de este año hasta finales de 2023. Una de las principales partidas, la destinada a rehabilitación de edificios, premiará a aquellas comunidades autónomas que mayor eficiencia demuestren en la ejecución de sus respectivos programas. Así lo explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la conferencia sectorial que celebró la semana pasada con las consejerías de Vivienda de las autonomías.
La reunión también sirvió para explicar los criterios con los que el departamento que encabeza José Luis Ábalos transferirá a los territorios 4.450 millones de euros. De los 6.820 millones que tiene la componente 2 del plan de recuperación enviado a Europa, destinada a rehabilitación energética y regeneración urbana, a Transportes le corresponden 5.520 millones (el resto dependen del Ministerio de Transición Ecológica) y más del 80% serán gestionados por las comunidades, que tienen la mayoría de las competencias en vivienda transferidas.
Para ello, Transportes establecerá las normas generales, a partir de las cuales las autonomías pondrán en marcha sus propios programas de rehabilitación para hacer llegar las ayudas a los destinatarios finales: el objetivo es rehabilitar medio millón de viviendas hasta 2023. Y la primera regla tiene que ver con cómo se repartirá el dinero. La primera remesa, correspondiente a este año, será de 1.151 millones en los programas de rehabilitación de entornos residenciales. Estos comprenden desde actuaciones de regeneración de barrios enteros hasta intervenciones en edificios o en viviendas individuales, como puedan ser la sustitución de ventanas o calderas.
El criterio para repartir el dinero, en este caso, será por el número de hogares que cada comunidad tenía en 2020, según estableció la Encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se publicó el pasado 7 de abril. Siguiendo ese criterio, EL PAÍS ha calculado lo que correspondería a cada territorio, y Andalucía, la comunidad más poblada, es obviamente también la que más dinero se lleva: casi 200 millones (199,9, concretamente). Cataluña, con 186 millones; Madrid, a la que corresponden 161,2 millones; y la Comunidad Valenciana, que se llevará 124,6 millones, siguen en la lista.
El orden de asignación es el mismo que si se aplicara el criterio de población, con décimas de variación al alza o a la baja, porque la variable de hogares mide el número de viviendas habituales de las personas y, por tanto, está directamente relacionada con el número total de habitantes que tiene cada comunidad. No obstante, favorece a aquellas que tienen más hogares principales y menos a las que tienen más segundas residencias, que también forman parte del parque edificatorio, pero no computan a la hora de asignar fondos para la rehabilitación.
Tras las cuatro comunidades más grandes, y ya con menos de 100 millones, se sitúan Galicia (67,2 millones), Castilla y León (62,6 millones), el País Vasco (55,9 millones) y Canarias (52,8 millones). Ya por debajo de los 50 millones quedan Castilla-La Mancha (48,5 millones), Murcia (33,8 millones), Aragón (33,3 millones), Baleares (28,3 millones), Asturias (28 millones) y Extremadura (36,5 millones). El reparto se completaría con Navarra (15,9 millones), Cantabria (14,9 millones) y La Rioja (8 millones). A las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla les corresponden 1,7 y 1,6 millones, respectivamente.
